Apellíos: Aspeutos xurídicos. Filiación. Materia rexistral

Les regles de gradación del parentescu sigún el Códigu Civil Español

Artículu 915.-  La prosimidá’l parentescu determínase pol númberu de xeneraciones. Cada xeneración forma un grau.
Artículu 916.- La serie de graos forma la llinia, que pue ser direuta o collateral.
Llámase llinia direuta la constituyía pola serie de graos ente persones que descienden una d’otra.
Y collateral la constituyía pola serie de graos ente persones que nun descienden unes d’otres, pero que proceden d’un tueru común.
Artículu 917.- Distínguese la llinia recta en descendiente y ascendiente.
La primera xune al cabeza de familia colos que descienden d’elli.
La segunda lliga a una persona con aquellos de los cualos desciende.
Artículu 918.- Nes llinies cuéntense tantos graos como xeneraciones o como persones, sacantes el proxenitor.
Na recta xúbese namái que fasta’l tueru. Asina’l fíu dista del padre un grau, dos del güelu y tres del bisgüelu.
Na collateral xúbese fasta’l tueru común y depúes amíyase fasta la persona cola que se fai la computación.
Por esto, l’hermanu dista dos graos del hermanu, tres del tíu, hermanu de so padre o madre, cuatro del primu hermanu y asina n’adelante.
Artículu 919.- El cómputu de que trata l’artículu anterior rixe en toles materies.

Ley 40/1999, de 5 de noviembre, sobre nombre y apellidos y orden de los mismos

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La regulación existente en el Código Civil y en la Ley del Registro Civil en materia de orden de inscripción de apellidos ha venido a establecer hasta el momento presente la regla general de que, determinando la filiación los apellidos, el orden de estos será el paterno y materno; se reconoce también la posibilidad de modificar esta situación por el hijo una vez que haya alcanzado la mayoría de edad.

Esta situación, que ya intentó ser cambiada con ocasión de la modificación del Código Civil operada por la Ley 11/1981, de 13 de mayo, es la que se pretende modificar a la luz del principio de igualdad reconocido en nuestra Constitución y en atención a distintas decisiones de ámbito internacional adoptadas sobre esta materia. Baste recordar, en este punto, que el artículo 16 de la Convención de Naciones Unidades de 18 de diciembre de 1979 prevé que los Estados signatarios tomen las medidas necesarias para hacer desaparecer toda disposición sexista en el derecho del nombre; que el Comité de Ministros del Consejo de Europa, desde 1978, establece en la Resolución 78/37 la recomendación a los Estados miembros de que hicieran desaparecer toda discriminación entre el hombre y la mujer en el régimen jurídico del nombre y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sancionado, en la sentencia de .22 de febrero de 1994 en el caso Burghartz C. Suisse, las discriminaciones sexistas en la elección de los apellidos.

Es, por tanto, más justo y menos discriminatorio para la mujer permitir que ya inicialmente puedan los padres de común acuerdo decidir el orden de los apellidos de sus hijos, en el bien entendido de que su decisión para el primer hijo habrá de valer también para los hijos futuros de igual vínculo, lo cual no impide que, ante el no ejercicio de la opción posible, deba regir lo dispuesto en la Ley.

Por otra parte, transcurridos más de veinte años desde la aprobación de la ley 17/1977, de 4 de enero, sobre reforma del artículo 54 de la Ley del Registro Civil, que establecía la posibilidad de sustituir el nombre propio por su equivalente onomástico en cualquiera de las lenguas del Estado español, nos encontramos con que cual quier ciudadano que alcance la mayoría de edad y tenga inscrito su nombre en lengua castellana en el Registro Civil, se ve privado de la posibilidad de que su nombre propio sea traducido a otra lengua española oficial.

Por todo ello, la Ley que se aprueba facilita el uso normal de las diferentes lenguas del Estado español y la obtención de un estatuto jurídico que respete su riqueza idiomática.

Asimismo, y por las mismas razones, la Ley permite regularizar ortográficamente los apellidos cuando la forma inscrita en el Registro no se adecue a la gramática y fonética de la lengua española correspondiente.

Por lo demás, la presente Ley se completa con una disposición transitoria que prevé el supuesto de existencia de hijos menores de edad en el momento de la entrada en vigor de aquélla. La alteración del orden de sus apellidos se subordina a la necesaria audiencia, si tuvieran suficiente juicio.

Artículo primero.

El artículo 109 del Código Civil queda redactado en los siguientes términos:

«La filiación determina los apellidos con arreglo a lo dispuesto en la ley.

Si la filiación está determinada por ambas líneas, el padre y la madre de común acuerdo podrán decidir el orden de transmisión de su respectivo primer apellido, antes de la inscripción registral. Si no se ejercita esta opción, regirá lo dispuesto en la ley.

El orden de apellidos inscrito para el mayor de los hijos regirá en las inscripciones de nacimiento posteriores de sus hermanos del mismo vínculo.

El hijo, al alcanzar la mayor edad, podrá solicitar que se altere el orden de los apellidos.»

Artículo segundo.

El artículo 54 de la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil, queda redactado en los siguientes términos:

«En la inscripción se expresará el nombre que se da al nacido, si bien no podrá consignarse más de un nombre compuesto, ni más de dos simples.

Quedan prohibidos los nombres que objetivamente perjudiquen a la persona, así como los diminutivos o variantes familiares y coloquiales que no hayan alcanzado sustantividad, los que hagan confusa la identificación y los que induzcan en su conjunto a error en cuanto al sexo.

No puede imponerse al nacido nombre que ostente uno de sus hermanos, a no ser que hubiera fallecido, así como tampoco su traducción usual a otra lengua.

A petición del interesido o de su representante legal, el encargado del Registro sustituirá el nombre propio de aquél por su equivalente onomástico en cualquiera de las lenguas españolas.»

Artículo tercero.

El artículo 55 de la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil, queda redactado en los siguientes términos:

«La filiación determina los apellidos.

En los supuestos de nacimiento con una sola filiación reconocida, ésta determina los apellidos, pudiendo el progenitor que reconozca su condición de tal determinar, al tiempo de la inscripción, el orden de los apellidos.

El orden de los apellidos establecido para la primera inscripción de nacimiento determina el orden para la inscripción de los posteriores nacimientos con idéntica filiación.

Alcanzada la mayoría de edad, se podrá solicitar la alteración del orden de los apellidos.

El encargado del Registro impondrá un nombre y unos apellidos de uso corriente al nacido cuya filiación no pueda determinarlos.

El encargado del Registro, a petición del interesado o de su representante legal, procederá a regularizar ortográficamente los apellidos cuando la forma inscrita en el Registro no se adecue a la gramática y fonética de la lengua española correspondiente.»

Artículo cuarto.

Se añade una disposición adicional segunda a la Ley del Registro Civil con el siguiente texto:

«En todas las peticiones y expedientes relativos a la nacionalidad y al nombre y a los apellidos, las solicitudes de los interesados no podrán entenderse estimadas por silencio administrativo.»

Disposición transitoria única.

Si en el momento de entrar en vigor esta Ley los padres tuvieran hijos menores de edad de un mismo vínculo podrán, de común acuerdo, decidir la anteposición del apellido materno para todos los hermanos. Ahora bien, si éstos tuvieran suficiente juicio, la alteración del orden de los apellidos de los menores de edad requerirá aprobación en expediente registral en el que éstos habrán de ser oídos conforme al artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.

Disposición derogatoria única.

Queda derogado el artículo segundo de la Ley 17/1977, de 4 de enero, sobre reforma del artículo 54 de la Ley del Registro Civil. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones generales se opongan a lo establecido en la presente Ley.

Disposición final única.

La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado Dentro del plazo indicado, el Gobierno procederá a modificar el Reglamento del Registro Civil en lo que resulte necesario para adecuarlo a lo previsto en la presente Ley.

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 5 de noviembre de 1999.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
José Mª Aznar López


Legislación heráldica oficial

Antonio Sánchez Sánchez
Licenciado en Derecho
Fuente (Acceso: 23/05/06)

Aunque existe una serie de pragmáticas, decretos y órdenes referentes al empleo de elementos heráldicos y a la manera de atribuir y usar las armas gentilicias, todo ese conjunto de disposiciones no forman un cuerpo conocido.

La primera ley Heráldica que conocemos se refiere a una promulgada por los Reyes Católicos en 1480, sobre la prohibición de uso de las armas y corona real.

Felipe II promulga, en 8 de octubre de 1586, la prohibición de poner coroneles en los escudos a quienes no sean duques, marqueses o condes, imponiendo la sanción de diez mil maravedíes, para los que  incurrieran en la falta.

Posteriormente, como hemos visto, Felipe II en 1595, Felipe IV en 1652, Carlos III en 1761 y Carlos IV en 1802, promueven una serie de disposiciones de carácter legislativo y referente a los reyes de armas y a las atribuciones de estos  en materia y certificación de blasones, resultando de todas ellas la legislación heráldica española que reserva de manera terminante y exclusiva la certificación y atribución de armas únicamente a los reyes de armas.

El decreto de 1915 define perfectamente la función de los reyes de armas en su doble sentido palatino y facultativo cuando en su preámbulo expone: “Además de la función palatina que les está encomendada, vienen de muy antiguo expidiendo certificaciones en materia de nobleza, genealogía y escudos de armas, por haberles reconocido de esta facultad varias disposiciones emanadas de la autoridad real, con anterioridad a la implantación del sistema constitucional hoy vigente en España, pero anuladas y sin vigor las aludidas disposiciones, se hace preciso, para que tengan validez las certificaciones que expidan los reyes de armas, dictar nuevas, que son: la de exigir que los mencionados cronistas prueben su aptitud ante un tribunal competente y obtengan, previo pago de los derechos correspondientes, un albalá que les autorice para ejercer su cargo. Será además requisito indispensable que estas certificaciones vayan autorizadas por el Ministerio de Gracia y Justicia”, naciendo de este decreto la función moderna de los cronistas reyes de armas, como funcionarios directos, en cuanto a sus certificaciones, del Ministerio de Justicia.

El preámbulo del decreto de 1951 es mucho más explícito en cuanto a las funciones de los cronistas reyes de armas, y dice así: “Los tradicionalistas llamados cronistas reyes de armas, han venido, tanto por costumbre como por ley, desempeñando, entre otras funciones, las de expedir certificaciones de armas, genealogías y nobleza. Estas funciones fueron reguladas por la real orden de 17 de noviembre de 1747 (Novísima Recopilación, libro XI, título XXVII, ley primera), y posteriormente por real decreto de 29 de julio de 1915.

El aumento de peticiones de rehabilitación y sucesión a partir de 1948, como consecuencia del restablecimiento de la legislación nobiliaria, suspendida desde 1931, hasta dicha fecha, ha motivado que personas sin título de aptitud desempeñan las funciones encomendadas a los referidos cronistas.

A fin de dotar de suficientes garantías la delicada misión de estos profesionales actualizar sus funciones y proteger adecuadamente los intereses de los que a ellos acuden, a propuesta de Ministros…”

Los artículos 1.º, 2.º y 3.º se refieren al examen de aptitud, tribunal y nombramientos, mientras que el 4.º se circunscribe a sus funciones y dice: “Compete a los cronistas de armas la expedición de certificaciones de nobleza, genealogía y escudo de armas. Las certificaciones de los cronistas de armas con autorización para el uso, solo tendrán validez con el visto bueno del Ministerio de Justicia. Los cronistas de armas personalmente responsables de las certificaciones que expidan en el ejercicio de sus cargos.”

Estructurado así el cargo de cronistas de armas solamente a ellos compete total y únicamente el despacho de las tres clases de certificaciones previstas en el citado decreto y al Ministerio corresponde decretar las disposiciones complementarias para el perfecto desarrollo y garantía de su ejercicio y atribución  de las mismas por los indicados facultativos.

(Del libro: FUNDAMENTOS DE HERALDICA (CIENCIA DEL BLASON), de D. Vicente de Cadenas y Vicent, Cronista Rey de Armas, editado por el Instituto “Salazar y Castro”  (C.S.I.C.), en Editorial Hidalguía, Madrid 1975, Capitulo 21 (integro), páginas 203 a 205)


 APÉNDICE

Decreto de 13 de abril de 1951 Boletín Oficial del Estado n° 123, del 3 de mayo de 1951

Ministerio de Justicia

Decreto de 13 de abril de 1951 por el que se regulan las funciones que los Cronistas Reyes de Armas han venido, tanto por costumbre como por Ley, desempeñando, entre otras funciones, las de expedir certificaciones de armas, genealogías y nobleza.

Estas funciones fueron reguladas por la Real Orden de diecisiete de noviembre de mil setecientos cuarenta y siete (Novísima Recopilación, Libro XI, Título XXVII, Ley primera), y posteriormente por el Real Decreto de veintinueve de julio de mil novecientos quince. El aumento de peticiones de rehabilitación y sucesión a partir de mil novecientos cuarenta y ocho, como consecuencia del restablecimiento de la legislación nobiliaria, suspendida desde mil novecientos treinta y uno hasta dicha fecha, ha motivado que personas sin Título de aptitud desempeñen las funciones encomendadas a los referidos Cronistas. A fin de dotar de suficientes garantías la delicada misión de estos profesionales, actualizar sus funciones y proteger adecuadamente los intereses de los que a ellos acuden, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros,

DISPONGO:

Artículo primero. El Título de Cronista de Armas se obtendrá previo examen de aptitud entre Licenciados en Derecho o Filosofía y Letras, mayores de veintiún años. La Convocatoria se hará por Orden, en la que figurarán las condiciones y requisitos que deben cumplir los aspirantes.

Artículo segundo. El examen se verificará ante un Tribunal presidido por el Subsecretario de Justicia y constituido, en concepto de Vocales, por un Académico de número de la Real de la Historia, un Notario del Ilustre Colegio de Madrid, un funcionario del Cuerpo de Archivos, un Cronista de Armas en ejercicio y el Letrado jefe de la Sección de Títulos del Ministerio, que, con voz y voto, desempeñará las funciones de Secretario. Los Vocales que figuran en los dos primeros lugares serán propuestos, respectivamente, por la Real Academia de la Historia y por el Ministerio de Educación Nacional, y todos, designados por Orden ministerial.

Articulo tercero. El nombramiento se hará por Orden ministerial, y previo pago de los derechos correspondientes les será expedido un Título por el Ministerio de Justicia, sin el cual no podrán ejercer sus funciones.

Artículo cuarto. Compete a los Cronistas de Armas la expedición de certificaciones de nobleza, genealogía y escudos de armas. Las certificaciones de los Cronistas de Armas con autorización para el uso sólo tendrán validez con el visto bueno del Ministerio de Justicia. Los Cronistas de Armas serán personalmente responsables de las certificaciones que expidan en el ejercicio de sus cargos.

Artículo quinto. Se autoriza al Ministerio de Justicia para dictar cuantas disposiciones aclaratorias y complementarias requiera la ejecución del presente Decreto.

Disposición transitoria. Los actuales Cronistas Reyes de Armas presentarán dentro del plazo de un mes, contando a partir de la publicación de este Decreto, sus respectivos Albalás o nombramientos en el Ministerio de Justicia, para la correspondiente anotación, constancia de antigüedad y toma de razón, sin cuyo requisito quedarán dichos Títulos sin validez alguna.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a trece de abril de mil novecientos cincuenta y uno. FRANCISCO FRANCO. El Ministro de Justicia, Raimundo Fernández-Cuesta y Merelo.


Notas:

Como complemento a la información anterior queremos señalar lo siguiente:

El citado Decreto de 13 de abril de 1951 sigue en vigor.

El único Rey de Armas que había en España era Don Vicente de Cadenas y Vicent, pudiendo certificar Armas y Genealogías a las personas físicas. Dependía del Ministerio de Justicia. Lamentablemente falleció el pasado año y su puesto está aun vacante.

Don Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Marques de la Floresta, fue nombrado por la Junta de Castilla y León, Cronista Rey de Armas, dependiendo de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial (Puede certificar escudos de Ciudades, Villas y Municipios, pero no tiene facultades para las personas físicas).

Don Manuel Rodríguez de Maribona y Dávila también figura como Rey de Armas del Principado de Asturias. D. Manuel es un gran historiador y heraldista, secretario del Colegio Heráldico de España y Las Indias, Fiscal del Cuerpo Colegiado del Principado de Asturias, etc. pero, no tenemos constancia de su nombramiento.

En otras autonomías de España se han nombrado Consejos de Heráldica y Vexilología para el estudio y aprobación de los escudos de armas municipales. No tienen facultad para certificar para las personas físicas, al depender de Administración Territorial de la Autonomía (Comunidad Valenciana, Aragón, etc.).

Es decir en la actualidad NO existe Rey de Armas en España por fallecimiento de su último titular.

Agradecemos a D. Fernando de Benito y García de las Alas Díaz del Pedregal y Suárez, Vicepresidente de la Academia de Genealogía y Heráldica de Valencia y Director de la Sección de Heráldica la colaboración que nos ha prestado para elaborar las anteriores notas.